¿Es o No es?

UE reduce ayudas sociales a inmigrantes improductivos

La libre circulación entre países miembro de la Unión Europea no corre peligro, pero sí hay ciertos países que reclaman la existencia de un “turismo de bienestar social”, donde se aprovecha beneficios asistenciales pero no se aporta a la economía. ¿Está bien la medida proteccionista o es demasiado conservadora?

 

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El tribunal, con sede en Luxemburgo.

 

La propuesta vino de Alemania: denegar las ayudas sociales a aquellos extranjeros que se trasladen al país solo para beneficiarse de su Estado de bienestar. Hubo mucho debate, pero finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio el aval y confirmó que los Estados de la UE no están obligados a sostener a los ciudadanos que no ejerzan ninguna actividad económica en su nación de acogida.

La sentencia del tribunal de Luxemburgo supone un fuerte respaldo político para el Gobierno de Angela Merkel, que en los últimos meses se erigió en el defensor de un punto intermedio entre los defensores de imponer fuertes restricciones a la libertad de movimientos en la Unión Europea —capitaneados por el Reino Unido— y los que abogan por una Europa donde cualquier ciudadano pueda beneficiarse de las ayudas de los Estados.

Berlín quiere mantener la libertad de circulación pero atajar los posibles abusos. Y por ello mostró ayer su satisfacción tras la sentencia de Luxemburgo. “Queda establecido que los ciudadanos comunitarios deben, en principio, poder ganarse la vida”, decía un comunicado del Ministerio de Trabajo alemán, a cargo de la socialdemócrata Andrea Nahles. El fallo va contra quienes “acuden a Alemania con el único objetivo de aprovecharse de su sistema social”, añadió el democristiano Peter Tauber.

David Cameron, el líder británico que planea reducir la inmigración europea a su país, se mostró satisfecho con el fallo, a pesar de que ha chocado en las últimas semanas con Merkel por este tema. Merkel se mostró firme en el principio de no tocar la libertad de movimientos pero tampoco se mostró favorable a que sea el Estado de acogida el que tenga que financiar al recién llegado.

El Ejecutivo comunitario también celebró el fallo, que, según dijo, “aporta más claridad sobre los derechos de los ciudadanos europeos y sus familias respecto al acceso a los beneficios sociales cuando residen en otro Estado de la UE”. Una portavoz de la Comisión Europea insistió en que la justicia comunitaria confirma así que el libre movimiento de personas es un derecho a la circulación y no al acceso libre a los respectivos sistemas de asistencia social de los Estados miembros, tal y como Bruselas ha reiterado en los últimos años. Para dejarlo en claro: el derecho de residencia depende del ejercicio de alguna una actividad económica productiva o de la posesión de recursos suficientes como para no comprometer al país de llegada.

La polémica empezó cuando Elisabeta Dano, una rumana de 25 años que reside en Alemania desde hace cuatro, demandó al Estado alemán por negarle las prestaciones del seguro básico a ella y a su hijo de Florin, nacido en suelo germánico. La mujer recibe 184 euros mensuales por su hijo y una pensión alimenticia de 133 euros. Cuando Alemania puso en cuestión esta dependencia estatal de la inmigrante, esta elevó su caso al Tribunal de lo Social de Leipzig. Las dudas jurídicas que presentaba el caso llevaron el asunto al tribunal europeo.

El tribunal dirimió que Dano no entró en Alemania para encontrar trabajo y sigue sin buscarlo. Por ello, el Tribunal de Justicia de la UE remarcó que Dano “incumple” la directiva comunitaria y le dio vía libre a Alemania para no concederle la prestación social. La corte de Luxemburgo recordó que el fallo es “vinculante” para cualquier otro país de la Unión que se encuentre ante una situación similar. El fallo otorga, así, carta blanca a los Estados miembros a la hora de condicionar las ayudas sociales a la nacionalidad de la persona solicitante y de su situación laboral en el momento de cursar la petición.

¿Está bien que los Estados delimiten sus ayudas sociales y protejan su patrimonio o es una medida demasiado conservadora?

Visto en El País

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