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Salta entregó 643.000 hectáreas a pueblos originarios

El gobernador Juan Manuel Urtubey firmó el decreto tras un reclamo de 20 años de habitantes de esas tierras fiscales; de ese total, 400.000 hectáreas serán de propiedad comunitaria.

 

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Salta dona tierras a los wichi, toba, tapiete, chulupí y chorote

 

El decreto transfiere la propiedad de 643.000 hectáreas de los lotes fiscales 55 y 14, del departamento Rivadavia, a comunidades originarias y criollas. Así se pone fin a un reclamo que ya superaba los veinta años por parte de los habitantes de la región. “He tomado como desafío personal poner de pie al departamento Rivadavia”, dijo el gobernador en el acto donde firmó el decreto 1498, que reconoce la propiedad de las comunidades originarias y criollas.

De ese total, 400.000 hectáreas serán destinadas en carácter de propiedad comunitaria a pueblos wichi, toba, tapiete, chulupí y chorote. Las restantes 243.000 pertenecerán en condominio a 463 familias criollas que habitan en ese lugar.

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La ceremonia se realizó en la sede gubernamental salteña, donde Urtubey destacó que ese decreto marca un punto de inflexión en la situación que históricamente vivió el Chaco salteño, en especial la localidad de Santa Victoria Este. “Durante muchos años las diferencias marcaron la razón para no avanzar y dar una respuesta concreta a este reclamo”, indicó, y explicó que esta postergación también se dio en materia de obras, por lo que destinó a Rivadavia una inversión cinco veces superior al del resto de los departamentos.

“Nosotros vamos a seguir colaborando. No es posible resolver este viejo e histórico diferendo desde la imposición de un Tribunal internacional, un gobierno nacional, provincial o municipal. Esto lo deben resolver los hermanos que están desde hace generaciones conviviendo en ese lugar”, sostuvo el gobernador.

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La ministra de Derechos Humanos, Marianela Cansino, explicó que la transferencia de tierras a las comunidades originarias se realiza en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 15 de la carta magna provincial, para resolver un conflicto de más de 20 años. En este proceso trabajaron el Ministerio de Derechos Humanos, la Secretaría General de la Gobernación, Unidad Ejecutora Provincial, Asociana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundapaz y las organizaciones Lhaka Honhat y Familias Criollas.

Una gran noticia, que reivindica un derecho merecido por los pobladores de la zona.

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