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Ley garantiza que universidades públicas serán gratuitas

La Cámara de Senadores modificó varios artículos de la Ley de Educación Superior (ley 24.521), sancionada en 1995, que avalaba el carácter lucrativo de las universidades nacionales.

 

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De acuerdo con la modificación del artículo 2, a partir de ahora “el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y la fiscalización de las Universidades Privadas”.

Además, la nueva normativa garantiza que sean “las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización” de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y casa de altos estudios provinciales, si las tuviese.

“La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, lo que a abrió la puerta a vivir una situación como la que ocurre en Chile”, indicó la diputada Adriana Puiggrós, que es quien redactó la reforma.

“Esta ley ahora garantiza la gratuidad y acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, incluyendo la Universidad Pedagógica que también es un proyecto de mi autoría, y a las que acuden una población de menores recursos”, agregó.

Los cambios en la normativa también apuntan a que las casas de altos estudios promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, reconozcan las diferentes identidades de género y culturas, y generen una integración regional.

Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe “suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”, indica el documento.

Las modificaciones son una respuesta a las críticas más fuertes contra esta ley. Tanto profesores, como estudiantes, docentes e incluso las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por la vía judicial la no-aplicación, al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública.

Además de la gratuidad, el otro punto fuerte de la reforma es la eliminación de los exámenes de ingreso, y la flexibilización de los requisitos para que los alumnos mantengan la condición regular.

El texto define el ingreso a la educación universitaria como “libre e irrestricto”. Los fundamentos del proyecto explican que este punto busca evitar que se restrinja el acceso a las facultades públicas vía “exámenes eliminatorios” u “otros mecanismos de exclusión”.

A partir de ahora, cada universidad podrá definir los requisitos de regularidad de sus alumnos. La sanción fue celebrada por los distintos actores de la comunidad educativa, entre ellos el gremio Ctera, que manifestó que se trata de una medida “que frena el avance de las tendencias privatizadoras de la educación”.

Visto en Gira Bs.As.

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