Efemérides bd

Justicia Legítima

El año pasado, en Diciembre, recordamos mediante una efeméride la conformación de la CONADEP. Mucho hemos dicho acerca de esta Comisión. Abordamos su nacimiento, sus dificultades a la hora de conseguir información, las características de sus integrantes y las conclusiones de su informe, el Nunca Más. Como dijimos aquella vez, la CONADEP se encargó de crear un marco probatorio para el posterior juicio a los responsables de la peor dictadura que hayamos vivido. Afortunadamente no fue en vano. Su trabajo fue la matriz principal del que se podría considerar como el acto fundacional de la política de derechos humanos en nuestro país: El histórico Juicio a las Juntas, que recordaremos a continuación.

Por Nicolás Moretti.

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Con tantas pruebas disponibles, intensos reclamos populares liderados por los organismos de derechos humanos y una decisión política orientada hacia esa dirección, el entonces Presidente Raúl Alfonsín sancionó, mediante los decretos 158/83 y 159/83 el comienzo del juicio público a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares, acusados de crímenes de lesa humanidad y múltiples violaciones a los derechos humanos. A los miembros de la última Junta Militar, que gobernó el país con Reynaldo Bignone a la cabeza, se la juzgaría por otro motivo: A meses de la restauración democrática los miembros de esta junta y el presidente de facto redactaron el llamado “Documento final sobre la lucha contra la subversión y el terrorismo” y sancionaron una ley de autoamnistía, con el único fin de encubrir el secuestro de miles de niños que fueron apropiados.

Sin embargo, el comienzo del juicio no fue automático y la rencilla judicial no fue fácil.

Simultáneamente se sancionó la Ley de Reforma del Código Militar, que establecía que la única capaz de juzgar los delitos cometidos por personal de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983 era la justicia militar. La Fuerzas Armadas condenaban a sus propios miembros e intentaban insertarlos así en el nuevo proceso democrático. Como una mano lava a la otra, los militares se sometían a sus propias leyes, nunca se llegaba a sentencia y se los declaraba inocentes o se les aplicaba una sanción cercana al ridículo.

No queremos ser tediosos y aburrirlos con el derrotero judicial, muy técnico por cierto, que permitió que los militares sean juzgados por la justicia civil. Pero aclararemos algo. Los responsables de la dictadura militar pudieron ser juzgados porque existió una voluntad política muy clara de llegar a tal fin. El Juicio a las Juntas no se hubiera podido llevar a cabo si Alfonsín no ganaba las elecciones. Es necesario (y muy justo también) recordarlo. Debajo de la alfombra de la historia duermen muchas decisiones y pactos políticos que nos avergüenzan a todos.

Mediante una norma del Congreso Nacional se habilitó a la Cámara Federal Penal como la instancia judicial ordinaria responsable del juicio. El 22 de Abril de 1985 comenzaron las audiencias en el Palacio de Justicia de la Nación.
Era tal el número de denuncias, de delitos y de constancias en contra de los militares (alrededor de diez mil), que Julio Strassera (fiscal del juicio y fallecido hace pocos meses) decidió presentar 709 casos emblemáticos, de los cuales el tribunal examinó 280.

En la Sala de Audiencias del Palacio de Justicia declararon 833 personas entre las que había ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y personal de las fuerzas de seguridad. Las audiencias fueron públicas y fueron presenciadas por una enorme cantidad de civiles, personalidades destacadas de todos los ámbitos, políticos, miembros de la Iglesia, periodistas de todo el mundo y un larguísimo etcétera. Las audiencias fueron televisadas recién en 1998, pero sin sonido. Sus 530 horas fueron grabadas en videocasetes que hoy están fielmente archivados.

Ninguna de las personas que formaron parte del juicio estaba preparada para escuchar los testimonios, las pericias y las indagatorias que se llevaron a cabo. Las declaraciones eran espeluznantes. La clandestinidad de las detenciones, el saqueo a las viviendas de los detenidos, las extorsiones, los interrogatorios bajo torturas inenarrables, la eliminación física de los detenidos como fruto de un aparato estatal destinado a tal fin. La lista sigue y sigue y es mejor no profundizar. Se estableció que todos los delitos se organizaron verticalmente y que la responsabilidad de los jerarcas de la dictadura era ineludible, aunque su defensa haya planteado que estos actos fueron excesos típicos de “cualquier acción militar”.

Las audiencias finalizaron en Agosto, en Septiembre se realizaron los alegatos de la fiscalía (que incluyeron el histórico discurso de Strassera) y en Octubre fue el turno de las defensas, que intentaron justificar sus acciones, enmarcándolas en el desarrollo de una guerra.

Fue el Estado el que masacró y torturó a su propio pueblo. No hubo guerra.

La existencia de las guerrillas previas al golpe de 1976 debió ser contenida con las leyes vigentes y en el marco de un estado de derecho. Este es el germen de la teoría de los dos demonios, tema extremadamente sensible que no profundizaremos aunque todos tengamos nuestras opiniones al respecto.

La sentencia del Juicio a las Juntas fue categórica. Se reconoció que las Juntas militares perpetraron un plan criminal masivo, se rechazó la ley de autoamnistía, se señaló que cada fuerza actuó de manera independiente y que las penas debían ser justificadas en base a ello. Se exculpó a la Junta Militar encabezada por Galtieri, porque la fiscalía no pudo probar ningún crimen que se haya ejecutado bajo su responsabilidad. Eso vendría 20 años después.
Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta, también de por vida, para ejercer cualquier cargo militar o político y fueron destituidos de las Fuerzas Armadas. Esta última sanción fue aplicada a todos los sentenciados. Roberto Viola (presidente en 1981) fue condenado a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8 años, Orlando Agosti a 4 años y otros cuatro juzgados fueron absueltos por lo que señalamos anteriormente, entre ellos Leopoldo Galtieri. Todos los fallos fueron confirmados por la Corte Suprema de Justicia un año más tarde.

Fue la primera vez en el mundo en que genocidas y dictadores comparecieron, fueron juzgados y sentenciados en tribunales de su propio país, por lo que el juicio tuvo una enorme repercusión en todo el planeta. Tanto en Nuremberg como en la ex Yugoslavia los procesos judiciales fueron dispuestos por tribunales internacionales. Otro hito a destacar es que fueron llevados a cabo por un gobierno democrático inmediatamente posterior al que se estaba sentando en el banquillo.

Otras naciones latinoamericanas que sufrieron dictaduras similares y de más duración no tuvieron un traslado a la democracia como el que tuvo Argentina. Todos los hombres fuertes de las dictaduras del cono Sur se fueron del poder imponiendo sus condiciones (Pinochet en Chile es el ejemplo más claro) y negociando amnistías. En algunos países de nuestro continente aún no se ha juzgado a ningún militar y recién ahora se está estableciendo un marco jurídico para tal fin, como es el caso de Uruguay.

Lo que vino después de la sentencia del Juicio a las Juntas, las leyes aprobadas y luego derogadas, los decretos absolutorios y la inserción de personajes siniestros de aquellos años a la política de nuestro país, muestran las complejas e incestuosas relaciones entre el poder político y las cloacas de nuestra población. Es por esto que el Juicio a las Juntas es de un incalculable mérito, de una vigencia eterna y motivo de orgullo para todos nosotros.

Nunca más.

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