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Juez impide a empresas privadas instalar parquímetros

Francisco Ferrer, juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, suspendió la licitación para que empresas privadas coloquen parquímetros, considerando que esa apropiación de lo público es inconstitucional.

 

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Más parquímetros también implican más grúas.

 

El magistrado dictó una medida cautelar y frenó el llamado a licitación pública nacional para la concesión del sistema de parquímetros, poniendo en duda la constitucionalidad de la decisión tomada por el gobierno porteño. La medida cautelar fue dispuesta a pedido de una vecina de la ciudad que planteó la inconstitucionalidad de la ley 4.888, por la que se otorgó la concesión del servicio de control de estacionamiento en calles de la capital.

La ley, que creó el “Sistema de Estacionamiento Regulado”, permite que quien ganara la licitación para la colocación de parquímetros cobre una tarifa por el estacionamiento y que sean removidos los vehículos que no cumplan con el pago. La demandante sostuvo que, de tal manera, “los bienes públicos que actualmente son de utilidad gratuita de los ciudadanos pasarían a convertirse en bienes de utilización onerosa”, lo que a su criterio equivale a una “virtual privatización” de las calles.

Aún falta que la medida sea aprobada en segunda instancia, donde puede tener sentencia definitiva, pero la buena noticia es que una ciudadana haya reclamado por su derecho de estacionar en las calles de la ciudad sin tener que pagar por ello, y que un juez haya reconocido ese derecho y los motivos que lo sustentan.

Visto en Telam

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