Sociedad

Reconocen leyes mapuches para resolver casos penales

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén comenzará a reconocer a la justicia mapuche para resolver los conflictos penales.

 

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Así lo anunció ayer el directorio de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP), integrada por el Estado nacional, provincial y miembros de las comunidades mapuches, junto al fiscal general José Gerez.

La iniciativa constituye un hecho histórico que coloca a Neuquén a la vanguardia en políticas de integración intercultural, y las materializa al amparo de normas internacionales, nacionales y provinciales que establecen el reconocimiento de las costumbres de los pueblos indígenas para resolver conflictos penales, en la medida que estas sean compatibles con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos reconocidos internacionalmente. En principio, el acuerdo comprenderá el territorio de Pulmarí, habitado por las comunidades Currumil, Catalán, Aigo, Puel, Ñorquinco y Hienguihual.

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El anuncio se hizo durante un encuentro del que participaron Gerez; el presidente del directorio de la CIP, Alberto Moreno y representante de las comunidades mapuches Daniel Salazar; el presidente del Consejo de Vigilancia de la CIP, Ricardo Mendaña; entre otros.

Durante el encuentro, se firmó la “Declaración de Pulmarí”, un documento que establece el compromiso de “reconocer y respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas neuquinos en la forma de resolver sus conflictos, dentro del marco de los derechos humanos y del ordenamiento jurídico vigente; fomentar, a través de actividades conjuntas, el intercambio cultural, rescatar y poner en valor las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas, promover los métodos de resolución de conflictos basados en el diálogo y en el respeto mutuo, coordinar acciones en conjunto para articular el abordaje de los conflictos.”

El objetivo es que las costumbres ancestrales de las comunidades indígenas sean reconocidas por los fiscales de Neuquén para resolver los casos penales. Según las pautas consensuadas por los impulsores de la iniciativa, para aplicar este reconocimiento en las comunidades se deberá tener en cuenta los siguientes requisitos: que el conflicto involucre solo a miembros de comunidades indígenas reconocidas como tales por el Estado; que el conflicto haya ocurrido únicamente en territorio reconocido de las comunidades; que el caso no afecta gravemente el interés público (un homicidio o delitos contra la integridad sexual, por ejemplo, quedarán excluidos); que la sanción respete los derechos humanos y que el conflicto sea resuelto por una autoridad legitimada por las comunidades.

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