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España: Ley de Transparencia también para la Iglesia

El gobierno español ha decidido desvelar su propuesta de que la Iglesia se someta a la Ley de Transparencia, pese a que el anteproyecto de la norma no la incluía. El destape de sus cuentas no será pleno, sino que estará sometido a un régimen especial, al igual que ocurrirá con la Casa del Rey, pero habla de una intención de que no haya privilegios en el momento de lidiar con la crisis.

 

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El representante de la Conferencia Episcopal Española, ante la medida

“La ley está pensada para las Administraciones, con arreglo a normas de derecho administrativo”, justificó este viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que admitió que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha mantenido ningún contacto con la Iglesia, al contrario de lo que hizo con la Corona, con la que ha negociado su sometimiento, también parcial, a los criterios de transparencia.

De lo que sí tendrá que dar cuenta la Iglesia será, al menos, de los fondos públicos que reciba, aunque estos son difíciles de precisar, ya que se encuentran dispersos en varias partidas de los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, se desconoce el montante global de, por ejemplo, las partidas dirigidas al mantenimiento del patrimonio de la Iglesia.

“Si las leyes quieren algo más preciso, estamos dispuestos, así que bienvenida la transparencia porque ya estamos en ella”, ha declarado el secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

Según Europa Laica, una mayor organización laica europea, la institución percibió, de forma directa o indirecta y de las Administraciones central, autonómica y local, hasta 11.000 millones de euros de fondos públicos, en parte por las exenciones fiscales. En el momento en el que se someta a la Ley de Transparencia, deberán ser escrutables.

“La inclusión de la Iglesia en la ley va más allá de lo razonable y de lo que el legislador quiere”, aseguró el miércoles el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, colaborador en la elaboración de la ley, desvelando así el cambio de opinión del Gobierno.

La Ley de Transparencia inició su camino en marzo de 2012. El anteproyecto ya sufrió modificaciones antes de iniciar el trámite parlamentario en el que se encuentra actualmente. Tras el debate sobre el estado de la nación, la mayoría de los grupos firmaron un acuerdo para someter a la norma las entidades financiadas “mayoritariamente” con fondos públicos. El PSOE, que no firmó el acuerdo, considera que deben ser incluidas todas las instituciones en las que la aportación pública se sitúe por encima del 40%.

Visto en El País

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