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Colombia habilita a las FARC a entrar en política

La Corte Constitucional dio vía libre para que quienes dejen las armas puedan ocupar cargos públicos. Un paso más hacia la paz.

 

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El camino para que la guerrilla colombiana de las FARC participe en política después de que deje las armas empezó a despejarse esta semana. La Corte Constitucional de Colombia dio vía libre el pasado miércoles para que los combatientes que se desmovilicen —si es que el proceso de paz llega a buen término— puedan ocupar cargos públicos, con excepción de los condenados por delitos de genocidio y de lesa humanidad. Entre estos crímenes figuran el secuestro, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

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Sin embargo, la resolución del alto tribunal no aclara con exactitud qué guerrilleros serán los que finalmente puedan participar en política, y, sobre todo, si podrán hacerlo los máximos jefes de las FARC. Según avaló el Constitucional, el Congreso de Colombia será el responsable de definir qué delitos no impedirán que los guerrilleros puedan acceder a cargos de elección popular. Pero eso sólo ocurrirá una vez que se firme el acuerdo de paz.

Aún así, la decisión que tomó este miércoles el Tribunal Constitucional es un espaldarazo a la estrategia jurídica que inició el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con el llamado Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en 2012, con el que se busca poner en marcha los acuerdos necesarios que permitan la desmovilización de la guerrilla, su sometimiento a un sistema de justicia de transición, de reparación a las víctimas y su participación en política.

“Esta decisión fortalece el proceso de paz al descalificar las críticas que se le habían hecho al Marco por permitir la posibilidad de que los exguerrilleros participen en política. Esa posibilidad quedó en firme, aunque no cobija a los que cometieron delitos de lesa humanidad, algo que ya contemplaba el Marco”, dice el analista Juan Carlos Palou.

Precisamente, el pronunciamiento de la Corte fue una respuesta a la demanda del uribista Rafael Guarín, que buscaba evitar que los exguerrilleros pudieran participar en política. De la misma opinión son muchos colombianos que apoyan el proceso de paz, pero no quieren que los exguerrilleros se conviertan en parlamentarios o alcaldes sin pagar un solo día de cárcel por los delitos cometidos. Para unos y otros es inadmisible que después de haber cometido violaciones de los derechos humanos, los miembros de las FARC accedan directamente a instituciones como el Congreso.

Pero el hecho de que el Constitucional, una entidad que goza de gran prestigio internacional, haya avalado el Marco para la Paz podría moderar ese rechazo. “Demuestra que el Gobierno no está improvisando, sino que intenta hacer las cosas bien”, dice Palou.

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El senador Roy Barreras, uno de los autores del Marco, considera que ese aval deja sin base el argumento de la oposición de que las negociaciones con las FARC traerán impunidad y “cierra la boca a los enemigos de la paz”. Santos también lo advirtió en su discurso de investidura como presidente del Gobierno esta semana, consciente de que el proceso judicial de los exguerrilleros es uno de los más sensibles: “No será una justicia perfecta, pero tendrá que asegurar un máximo de satisfacción a las víctimas”, prometió el presidente colombiano.

También celebró la decisión del Constitucional el procurador general (fiscal general), Alejandro Ordóñez, a pesar de sus críticas al proceso de paz. Para Ordóñez, lo más positivo del fallo del alto tribunal es que veta a los máximos comandantes de la guerrilla. “En principio, los responsables de tales crímenes internacionales son al menos la cúpula”, señaló en un comunicado.

 

Visto en El País

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