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Chile modificará la Constitución de Pinochet

Ocho de los nueve candidatos que este domingo se presentan a elecciones propusieron, con gran aceptación, modificar la Constitución impuesta por el dictador.

 

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El 11 de marzo de 1981 —después de que el año anterior se realizara un plebiscito sin registros electorales ni acceso de los medios de comunicación— la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) puso en vigencia una nueva Constitución en Chile. Se trataba de asegurar el papel tutelar de las Fuerzas Armadas, afianzar el régimen militar y legitimar el nuevo orden social y económico impuesto por la Junta Militar.

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Treinta y dos años después, la reforma de la Constitución de Pinochet marcó la agenda de la campaña presidencial. De cara a las elecciones de este domingo, —a las que la expresidenta Michelle Bachelet se presenta con una holgada ventaja en todas las encuestas—, ocho de los nueve candidatos proponen reformar la Carta Magna. Su legitimidad está en tela de juicio y la idea de realizar una Asamblea Constituyente se ha instalado con fuerza en los grupos más duros de la izquierda chilena.

Los últimos cambios a la Constitución los firmó el expresidente Ricardo Lagos, que en 2005 eliminó algunos de sus artículos de carácter autoritario, como la designación de senadores, y estableció la facultad del presidente de la República para destituir a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. La reforma, sin embargo, ya no es suficiente para los sectores de izquierda. “Lagos se equivocó y él mismo lo ha reconocido” , sostiene el ex senador socialista Carlos Ominami, exjefe de campaña del Lagos.

Desde que dejó Nueva York y la jefatura de ONU-Mujeres en marzo pasado, Bachelet colocó la reforma de la Constitución como uno de los tres pilares de su campaña, junto a las reformas en educación y el régimen tributario. A esas alturas, las movilizaciones estudiantiles habían convulsionado a la clase política. Una de sus exigencias pasaba precisamente por desmantelar la Carta Magna heredada de Pinochet.

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Bachelet ha dicho que realizará una reforma por una vía “participativa, democrática e institucional”, pero no ha dado mayores detalles de dicha iniciativa. No descartó públicamente convocar a una Asamblea Constituyente, pese a que en su entorno se afirma que su apuesta pasa por realizar los cambios en el Congreso y luego convocar a un referéndum para confirmarlos. La idea es que la nueva Constitución ponga fin al sistema electoral “binominal” y elimine los elevados número de votos que requieren algunas leyes para ser aprobadas en el Parlamento, entre otras cosas.

Con el rechazo de la derecha y el fantasma de otros procesos constituyentes en los países de la izquierda más dura de América Latina, como Bolivia, Ecuador o Venezuela, el bacheletismo estima que ese mecanismo sólo es aplicable cuando los países no tienen “principios de legitimidad” y, a su juicio, Chile está lejos de esa posición. La expresidenta es consciente de que convocar a una Asamblea Constituyente puede tener altos costos a la hora de implementar otras reformas que pretende poner en marcha, en la medida que abriría un escenario político incierto y altamente polarizado.

El programa de Bachelet es reformista, pero ella no renunció al principio de la gradualidad y gobernabilidad, según señala un influyente miembro de su equipo electoral, quien, sin embargo, añade que la gran incógnita apunta a si la derecha bloqueará el camino para cambiar la Constitución. Solo en ese caso entra en escena la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente y, precisamente por este motivo, la exmandataria ha comenzado a poner presión sobre sus adversarios al no descartar el uso de esa herramienta.

 

Visto en El País

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