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Chile: avanza ley para interrumpir embarazos con riesgo

Bachelet firmó el proyecto que permite abortar en caso de riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

 

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Justo cuando finalizan las actividades del Congreso chileno, que en febrero entra en receso por las vacaciones de verano, la Administración de Michelle Bachelet conseguió cumplir con su promesa de presentar un proyecto de ley de aborto antes del 31 de enero, una de las reformas emblemáticas de su programa de Gobierno. En uno de los pocos países del mundo donde la interrupción del embarazo es perseguido en todas sus causales, la mandataria socialista firmó este sábado la iniciativa que deberá ser discutida desde marzo en el Parlamento y que lo pretende despenalizar en tres supuestos: riesgo vital de la madre, embrión o feto incompatible con la vida y violación.

“En una sociedad donde las mujeres son ciudadanas plenas y libres, ni el Estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y deseo a ser madre. Pero de la misma manera, cuando su decisión es no continuar con el embarazo, por alguna de las tres graves causas mencionadas, el Estado debe entregar alternativas fundadas en sus derechos, en su dignidad y en razones de protección de su vida”, señaló Bachelet, exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013), en una ceremonia realizada en uno de los patios de La Moneda.

El proyecto de ley tiene como centro los derechos de las mujeres y establece que, en cualquiera de las causales, debe existir la expresión de la voluntad libre de las embarazadas, de manera expresa, previa y escrita ante el médico. De ser aprobado por el Congreso, podrán abortar las chilenas que tengan más de 18 años, las jóvenes entre 14 y 18 con la información previa a sus padres y las menores de 14, con la autorización de su representante legal o la aprobación previa de un juez de familia.

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En los casos de riesgo vital de la madre y embrión o feto incompatible con la vida, se requerirá que un segundo médico ratifique el diagnóstico, a no ser que se trate de un caso de urgencia. Ante un embarazo por violación, será necesario un informe de un equipo de especialistas y que la gestación no sea superior a las 12 semanas. La iniciativa, sin embargo, contempla excepciones para las niñas menores de 14 años que han sido abusadas: no se les pedirá el informe, porque de acuerdo con la legislación chilena siempre se trata de una violación impropia, y se extenderá el plazo para interrumpir el embarazo hasta las 18 semanas.

Los tres casos se deben considerar como una prestación de salud legítima, tanto en el sistema público como en el privado. Uno de los puntos centrales que se incluyó en el proyecto de ley, además, fue la regulación de la objeción de conciencia de los médicos. Individualmente pueden excusarse de realizar un aborto, previamente y por escrito, aunque no pueden negarse si se trata de un procedimiento inmediato e impostergable. La iniciativa de Bachelet determina que los hospitales y clínicas, como instituciones, no pueden invocar la objeción de conciencia para no realizar los procedimientos.

En Chile existía el derecho al aborto terapéutico desde 1931. Pero seis meses antes de que terminara la dictadura de Augusto Pinochet, en septiembre de 1989, se dictaminó: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. Aunque, como se trata de un delito, no existen datos certeros y sólo aproximaciones, se estima que cada año se producen entre 70.000 y 140.000 interrupciones del embarazo clandestinas. La ley lo prohíbe y también lo persigue: de acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2012 había 221 chilenas cumpliendo algún tipo de pena por abortar o ayudar a realizar esta práctica.

“La propuesta que hoy día presentamos se enmarca también en los compromisos que Chile tiene con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos y que no podemos seguir rehuyendo”, dijo la Presidenta en referencia a las numerosas recomendaciones que han realizaron diversos organismos de Naciones Unidas para que el Estado de Chile cambie su legislación.

El Gobierno cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado y el proyecto de ley de aborto fue un compromiso de campaña de Bachelet apoyado por todos los partidos que componen su coalición Nueva Mayoría.

 

Visto en El País

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