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Ayuntamiento compra hipotecas para evitar desalojos

La ciudad de Richmond, California, se ha puesto a la vanguardia de las soluciones valientes al drama de los desahucios.

 

Situada enfrente de San Francisco, con 105.000 habitantes y una refinería de Chevron como seña de identidad económica, la ciudad ha sufrido de forma devastadora la crisis inmobiliaria. El 50% de las hipotecas de Richmond son problemáticas (están underwater, en la terminología inmobiliaria norteamericana, que quiere decir que el valor de la casa en el mercado es menor que lo que se debe de hipoteca; la cifra en EEUU es 20%). El precio medio de las casas bajó de 450.000 dólares en enero de 2006 a 220.000 en 2013. La ola de desahucios y abandonos redunda en costes para la ciudad por los barrios degradados, la pobreza, la delincuencia y los servicios sociales de emergencia.

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Mientras, los bancos venden paquetes de estas hipotecas de difícil cobro a fondos buitre que hacen negocio con los desahucios. Para frenar esta situación, Richmond va a expropiar hipotecas. No las casas, las hipotecas. El plan se puede resumir así. El Ayuntamiento hace una oferta a los bancos para comprarle las hipotecas, basándose en una tasación independiente. Si no se llega a un acuerdo, utilizará el derecho de expropiación sobre la hipoteca y pactará un precio justo, como el que expropia un trozo de finca para una carretera. A partir de ahí entran en escena los promotores del plan, una firma financiera llamada Mortgage Resolution Partners (MRP). Ellos buscan inversores privados para adquirir las hipotecas, las renegocian con el propietario y se quedan un porcentaje como beneficio. El Ayuntamiento de Richmond contrató a MPR el pasado 21 de julio. Son socios. Uno pone el poder político para expropiar. Otro, la gestión financiera de las deudas expropiadas.

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El objetivo final es que la gente de Richmond se quede en sus casas. En cierta forma, el Ayuntamiento de Richmond se propone actuar como un fondo buitre que busca deudas problemáticas para comprarlas y hacer negocio con ellas. La diferencia es que lo hace en nombre de los ciudadanos. El Ayuntamiento se sienta con los bancos poniendo sobre la mesa un recurso, una bala de plata negociadora, que no tiene ningún actor en el mercado financiero: el derecho de expropiación si la otra parte se niega a vender.

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Visto en El País

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